Line Bareiro, abogada y politóloga paraguaya, habla sobre las luchas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Latinoamérica y sus implicaciones respecto a los mecanismos de poder patriarcal.
El debate público sobre el aborto en Latinoamérica se ha construido a partir de dos perspectivas: una moral, asociada a las tradiciones, creencias y prácticas religiosas; y otra jurídica, asociada al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y a la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres. Esta discusión involucra además distintas luchas de poder. Mientras sectores de la sociedad buscan mantener la potestad de instituciones como la Iglesia y el Estado de decidir sobre la vida de las mujeres, otros, a través de movilizaciones sociales, se contraponen a los privilegios y las estructuras tradicionales y buscan promover cambios profundos en la sociedad.
En esta entrevista, la abogada y politóloga paraguaya Line Bareiro reflexiona sobre las complejas relaciones entre el concepto de poder y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Latinoamérica. Bareiro formó parte del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas entre 2011 y 2014, y ha participado en la formulación de políticas de igualdad de género en Costa Rica, Uruguay y Paraguay.
¿De qué modo la discusión sobre el derecho al aborto pone en evidencia mecanismos de poder en el ámbito político, social y cultural en Latinoamérica?
Es un tema muy interesante, porque se trata de la opresión de las mujeres y la prohibición de la voz pública de las mujeres a niveles social, político y cultural. La abogada feminista paraguaya Serafina Dávalos señalaba en 1907 que todas las veces que se dice “condición de madre” de las mujeres, se está diciendo también que esto es lo único que las mujeres deben ser. Y esto lo recalca la socióloga uruguaya Teresita de Barbieri cuando señala cómo un poder biológico de las mujeres se convierte en una desventaja, debido a ese mandato social que las limita.
Uno de los grandes desafíos al poder de las normas sociales que limitaban a las mujeres apareció en 1960, con la píldora anticonceptiva, con la que además nacieron los derechos reproductivos. Esto muestra que el poder también está vinculado al desarrollo científico. Otro caso importante con respecto a la ciencia y a los derechos de las mujeres se dio con la aparición de la prueba de ADN, a inicios del siglo XXI. Los hombres perdieron el poder de separar sexo, reproducción y paternidad y, por lo tanto, de considerar que la crianza era un asunto exclusivo de las mujeres. Esta es una historia de poder inmenso entre los sexos que se rompe a través de conocimientos científicos.
¿Qué tradiciones patriarcales se perciben en el debate por el aborto el Latinoamérica?
Se perciben múltiples tradiciones, principalmente religiosas, relacionadas con el control sobre las mujeres. Y ahí se incluyen diversos movimientos antiderechos y antidemocráticos, que ampliaron su campo de acción hacia el ataque contra los derechos de las mujeres. En estos movimientos hay un cuestionamiento muy fuerte a los derechos de las mujeres, porque ellas concentran en su propio cuerpo la negación del poder patriarcal.
Y también está el poder de las instituciones sobre las mujeres. En 2011, un caso fue llevado ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. Se trataba de una niña peruana de trece años, abusada sexualmente por un hombre de 35 años. Cuando ella se dio cuenta de que estaba embarazada, intentó suicidarse lanzándose del techo de su casa y se rompió la columna. Tenían que operarla inmediatamente porque de lo contrario podía quedar parapléjica y el hospital que la atendió decidió no operarla por defender al feto, a pesar de que en el código penal peruano existe desde hace noventa años una disposición que acepta el aborto en caso de riesgo de vida o daño a la salud permanente de la mujer. Este caso fue catalogado como de violencia institucional y Perú aceptó e indemnizó a la joven. En su momento, el hospital aprovechó una modificación del código sanitario que eliminó el mecanismo para llevar a cabo el procedimiento. Por eso es que la ley no siempre es suficiente y las instituciones pueden valerse de prejuicios morales para tomar decisiones sobre la vida de las mujeres.
¿Qué dice la lucha por el derecho al aborto sobre la lucha por el poder en Latinoamérica?
Las movilizaciones por los derechos de las mujeres, incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, se ha dado sin ningún tipo de violencia. No ha sido nunca una forma de imposición, sino una movilización por medio de la razón. Uno de sus grandes logros es que en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, se haya logrado introducir el empoderamiento de niñas y mujeres, así como la igualdad de género, como temas que atraviesan todos los 17 puntos de la Agenda.
Esto produjo una reacción desmedida en ciertos sectores de la sociedad, a tal punto de que en la actualidad hay en Latinoamérica una exacerbación de la violencia contra los derechos de las mujeres, pues quienes ostentan ese sistema de privilegios no quieren perder el poder que siempre han tenido y sienten que está amenazado su lugar. El mundo es mejor con la igualdad, pero esa igualdad pone en jaque los privilegios patriarcales.
En diciembre de 2020, el Senado argentino legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas. Esto ha activado la lucha por el aborto en otros países latinoamericanos. ¿Pero cómo podría el caso de Argentina influir negativamente sobre las estructuras de poder y control a las mujeres que existen en el continente?
El caso más ejemplar está en Honduras. A raíz de la movilización que ganó poder y visibilidad y de la aprobación del aborto en Argentina, el gobierno de Honduras reaccionó inmediatamente e introdujo la modificación de una supuesta cláusula pétrea de la Constitución. Se modificó para prohibir el aborto, y así Honduras pasó al club donde están El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Haití. La interrupción voluntaria del embarazo se relaciona con el derecho a la autodeterminación y a menudo además con la vida misma de las mujeres. Y hay quienes no quieren entender que esto es un problema de igualdad y prefieren sostener un sistema que elimina los derechos, la participación política de las mujeres y pone en riesgo su vida.