La memoria histórica en España La necesidad de recordar

Visitantes en una exposición sobre la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil Española | © Albert Bonjoch
Visitantes en una exposición sobre la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil Española | © Albert Bonjoch | © Albert Bonjoch

La recuperación de la memoria histórica juega un papel determinante para la reconciliación real de una sociedad. En España, muchas víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista todavía esperan verdad, justicia y reparación.

La asignatura pendiente

“Un país no puede ser normal si no conoce, con nombres y apellidos, todas y cada una de las víctimas de una guerra vivida. Su estudio constituye una obligación ineludible que necesariamente hay que abordar, como correspondería hacer en cualquier país civilizado”. Si hacemos caso a estas palabras pronunciadas por el historiador y político Josep Benet, España sigue siendo un país anormal. Pese a los numerosos esfuerzos realizados por entroncar con el pasado, el país ibérico no hace lo suficiente por la reparación a las víctimas y por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1936/39-1975). La recuperación de la memoria histórica (RMH) es todavía una asignatura pendiente. Así lo cree un informe redactado en 2014 por el relator especial de Naciones Unidas que destaca los vacíos institucionales en materia de verdad y justicia. 

El papel del gobierno

Con la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 y el afianzamiento de la democracia se inició tímidamente el proceso de RMH. La nueva constitución (1978) creó las bases para trabajar en favor del reconocimiento y la dignificación de las víctimas. Pero fue precisamente esta transición democrática la que cimentó el actual “modelo de impunidad”. A diferencia de Alemania o de los países latinoamericanos donde se establecieron, poco a poco, mecanismos para la documentación de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado en su territorio, en España se optó por pasar página. Es en esta línea que se promulgó la Ley de Amnistía en 1977, cuyo objetivo era eliminar algunos efectos jurídicos que pudieran hacer peligrar el asentamiento de la democracia. Con el paso del tiempo se ha comprobado que esta ley es un obstáculo para las denuncias interpuestas por crímenes contra la humanidad ya que impide juzgar delitos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. 
 
El primer paso realmente importante realizado en materia de RMH tuvo que esperar hasta el 2007, año en el que el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Memoria Histórica. Pese a sus defectos, la ley reconoce y amplía derechos y establece medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

Proyectos autonómicos y académicos

Si bien el papel del Gobierno central es determinante, algunas comunidades autónomas, antes incluso de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, han impulsado todo tipo de iniciativas para  rehabilitar a las personas que vieron menoscabados sus derechos durante la Guerra Civil y la represión política posterior. En este sentido, cabe destacar la labor del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
 
Desde hace años, las universidades también participan en la RMH. Cabe señalar las cátedras Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid y Walter Benjamin, memoria y exilio de la Universitat de Girona. Igualmente destacable es el trabajo que desempeña el Grupo de Arqueología y Antropología Forense de Paleolab de la Universitat de Valencia, el Instituto de la paz y los conflictos de la Universidad de Granada, o el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, entre otros.

Iniciativas ciudadanas: memoria y red

Pero también la participación ciudadana y asociativa ha sido y es una pieza clave del proceso de RMH. Una de las principales y más notorias entidades es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que desde el año 2000 ha llevado a cabo más de 150 excavaciones de fosas comunes logrando identificar a más de mil víctimas de la represión durante la Guerra Civil.
 
En los últimos años, la irrupción de nuevas tecnologías de la información ha sido aprovechada por numerosas entidades para fortalecer el trabajo en red, mejorar la accesibilidad a los recursos y fomentar la participación ciudadana. Un buen ejemplo de ello son los proyectos Mapa de la Memoria, que pide la colaboración ciudadana para señalar y denunciar en un mapa interactivo los lugares públicos donde todavía hay simbología franquista, y MEMORO, dedicado a la recogida de los recuerdos e historias de la vida de las personas nacidas antes de 1950.

El derecho de las víctimas y el deber de los ciudadanos

Ya sea a través de iniciativas públicas o privadas, lo cierto es que la recuperación de la memoria histórica en España pasa por una implicación real y total de la sociedad y de las instituciones. El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación que exigen las víctimas es un deber moral de la democracia española. El filósofo Manuel-Reyes Mate Rupérez decía en su libro La piedra desechada que “el deber de memoria no es un recuerdo sentimental de lo mal que lo pasaron las víctimas o de lo que nos puede pasar a nosotros, sino la ingente tarea de repensar todo a la luz del sufrimiento que causa la barbarie”. Recuperar la memoria es un acto tremendamente complejo y doloroso, pero necesario. En materia de verdad, justicia y reparación, España no ha terminado los deberes. Por dignidad democrática, deber de memoria.