La reforma agraria en la UE
¿Cambio de sistema o todo como hasta ahora?

La Unión Europea está negociando su política agraria común de los próximos años. Está en juego mucho dinero, pero también el clima. En los borradores conocidos hasta ahora no parece verse ningún refuerzo significativo de la protección medioambiental y las pequeñas explotaciones agrarias.
 

De Christiane Grefe

“¡Retirad la PAC!” Tal fue el llamamiento con el que, a finales de 2020, el movimiento juvenil para la protección del clima exigía un nuevo diseño integral de la Política Agraria Común de Europa (PAC). En el paso de 2020 a 2021, la reforma entra en la última ronda del proceso decisorio al iniciarse el “triálogo” entre la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros. Se prevé que todas las cartas estén ya sobre la mesa como muy tarde en el verano de 2021, fecha en la que se habrán establecido reglas nuevas para las subvenciones a los agricultores. Umweltschützer*innen bei einer Demonstration gegen die Agrarindustrie und industrielle Landwirtschaft im Januar 2020. | Foto (Detail): © picture alliance/Wolfram Steinberg/dpa Que en las conversaciones quisieran de repente tomar parte, junto a amantes de la naturaleza, también jóvenes activistas por el clima fue motivo de indignación para numerosas personas dedicadas a la política agraria o pertenecientes a grupos de presión del sector. Pero con los veranos secos de estos últimos años, cuando no ya de antes, una porción más amplia de la opinión pública ha comprendido hasta qué punto la actividad agropecuaria es a la vez víctima y causante del calentamiento del planeta, y por ello está tanto más obligada que hasta ahora a hacerse sostenible.

Así, Lisa Neubauer, de Fridays for Future, insistía en que las propuestas actuales para la política de subvenciones atrapan a quienes se dedican a la agricultura en el conflicto permanente entre rentabilidad y responsabilidad ecológica. “El pensamiento se disocia”, dijo, abogando por cambiar el sistema. Por radical que pueda sonar a mucha gente una concepción así, el hecho es que vincular las ayudas agrarias en la mayor medida posible a contraprestaciones que protejan el clima, las aguas y las especies es una exigencia en favor de la cual posturas críticas de la PAC como la de Neubauer pueden invocar el asesoramiento científico más relevante.

La amenaza de perder biodiversidad

En Alemania se cuentan aquí economistas con especialización en agricultura, ecólogas y ecólogos, el consejo científico del Ministerio de Agricultura dedicado a la conservación de las especies, así como el de política agraria, e igualmente el Consejo Científico del Gobierno Federal para Cuestiones Medioambientales Globales (WBGU). En una toma conjunta de postura, además, tres grandes entidades científicas –la Academia Científica Nacional Leopoldina, la Academia Alemana de las Ciencias Aplicadas y la Unión de las Academias Científicas Alemanas– advertían sobre las graves consecuencias de perder biodiversidad en parajes agrarios. Todas estas entidades exigen: quien en el futuro desee recibir dinero de Bruselas, tendrá que utilizarlo para hacer algo por las plantas que florecen en su campo y la diversidad de la vida en el suelo, para mejorar el bienestar de cerdos, gallinas y vacas en sus establos o para cultivar con menos venenos y más variedad.
 
En todos estos objetivos la PAC podría aportar bastante, pues hay en juego mucho dinero. A la actividad agropecuaria europea llegarán durante los próximos siete años casi 374 000 millones de euros. Dichos fondos, que son en torno al 40 por ciento del presupuesto total de la UE, ejercen una influencia sustancial en toda la cultura agrícola europea, y las nuevas reglas estarán vigentes hasta el año 2027 como mínimo. Tanto más fuerte, por tanto, la decepción de muchas personas al comprobar que los borradores que ya están negociados en gran parte siguen centrándose en ayudas directas a los ingresos y en los incrementos de la producción.

Más hectáreas, más dinero

Es una manera de pensar con larga tradición y difícil de desarraigar, pues, cuando se creó la PAC en 1962, la voluntad de quienes estaban al cargo de la política de la UE era ante todo garantizar el abastecimiento alimentario. De ahí que otorgaran primas al maíz, el trigo o la leche. Y ello tuvo tal éxito, que, en los años ochenta, los “mares de leche” y las “montañas de mantequilla” llevaron forzosamente a las denominadas “primas de paralización”. A continuación, en los años noventa, al volver a abrirse los mercados mundiales, las actividades agropecuarias pudieron de nuevo valerse únicamente con incrementos en la producción. La intención era que los pagos directos en forma de ayudas a los ingresos les dieran tiempo para reajustarse. “Crece o déjalo”, tal era el lema, y pese a las subvenciones hubo que pagar un precio elevado: abandono de granjas, monocultivo y lastimosas condiciones en la ganadería intensiva.
 
A mediados de los años noventa, Franz Fischler, comisario de Agricultura de la UE, hizo tambalearse por primera vez el criterio de dispersión generalizada aplicado en las ayudas agrarias. Contra la resistencia de asociaciones agropecuarias, el sector alimentario y los Estados miembros, el político austriaco defendió, sin embargo, algo que era bastante evidente: que las transferencias hechas desde Bruselas fueran ligadas al cumplimiento de la legislación medioambiental de la UE. A partir del año 2000, en cualquier caso, hubo un nuevo flujo de dinero dedicado a naturaleza y medio ambiente con el denominado “segundo pilar”, aunque fuera con recursos económicos escasos. El rumano Dacian Ciolos insistió con más resolución en que las primas por hectárea tuvieran contraprestaciones ecológicas. Pero también sus ideas para el periodo de subvenciones a partir de 2014, pensadas como un gran salto adelante, terminaron en nada más que un pequeño paso: los gobiernos nacionales y la Comisión de Agricultura del Parlamento de la UE, dominada por los conservadores, diluyeron todas las condiciones medioambientales hasta dejarlas irreconocibles. Tampoco el “greening”, que vinculaba a condiciones medioambientales una pequeña parte de las ayudas a los ingresos, cambió nada en la preferencia otorgada a la superficie poseída por los perceptores. Más hectáreas, más dinero.
 
De este modo, en grandes porciones de Europa sigue predominando la actividad agropecuaria de carácter industrial que obtiene frutos abundantes mediante el uso intensivo de abonos, pesticidas y maquinaria pesada. Y el precio de ello siguen siendo suelos sobreagotados y la desaparición de insectos y aves, y muchas familias rurales siguen perdiendo las bases –o las ganas– para subsistir. Si en 1995 existían aún más de 555 000 explotaciones agropecuarias, se habían convertido en 2019 en 266 000, menos de la mitad.

Avanzar a pasitos

A fecha de hoy, es cierto que en el grupo de presión agrario hay ya quienes piensan en la sostenibilidad. Con vacilación, pero va haciéndose familiar la idea de que los agricultores no solo producen alimentos, sino que a la vez han de proteger los parajes y el clima. Pero este cambio, argumenta el sector, no debe producirse demasiado rápido, pues ello supondría exigencias excesivas para agricultoras y agricultores. Es sobre todo en respuesta a esta presión por lo que la mayoría de los Estados miembros pretende que en el futuro tan solo el 20 por ciento de los pagos directos, los denominados “eco-esquemas”, vaya ligado a pautas medioambientales. El Parlamento, por su parte, insiste en proponer el 30 por ciento. Sea cual sea el porcentaje en que terminen sintonizando los participantes del triálogo, lo seguro es que considerarlo el inicio del requerido cambio de sistema (tal como sostiene la ministra federal de Economía, la cual también hizo suyo el término recientemente) es un mero eufemismo.
 
¿Existe todavía la posibilidad de lograr mejoras para los agricultores y la protección medioambiental? En este punto muchas personas confían en el vicepresidente de la Comisión de la UE. Frans Timmermans manifestó claramente sus temores de que las propuestas presentadas por el Parlamento y los Estados miembros podrían socavar las altas aspiraciones ecológicas de los objetivos del “green deal” tal como está planificado. Dicho proyecto de promoción en que la Comisión pretende emplear miles de millones de euros incluye también, junto a ambiciosos planes de protección del clima, el programa “From Farm to Fork” (“De la granja al plato”), cuya intención es vincular la producción agropecuaria y los hábitos de alimentación saludables. Timmermans llegó incluso a amenazar con retomar desde cero el borrador de la PAC. Pero, por lo menos en los últimos triálogos, la Comisión no ha sido el más fuerte de los tres participantes en la negociación. Kühe auf einem Bio-Bauernhof in Brandenburg: Ökologische Landwirtschaft soll sich wieder lohnen, fordern Umweltschützer*innen. Im neuen GAP-Entwurf ist davon jedoch wenig zu erkennen. | Foto (Detail): © picture alliance/Maurizio Gambarini/dpa En este momento, quedan por pulsar dos teclas que podrían dar juego a medidas ecológicas más eficaces. Ambas están relacionadas con lo que las posturas críticas denominan la “renacionalización” de la política de subvenciones: pues, en primer lugar, la idea es que cada Estado miembro decida cómo diseña en detalle los eco-esquemas. Para evitar la competencia desleal dentro de la Unión, Bruselas tendría que formular al respecto unos criterios con el carácter más ambicioso posible y que se apliquen a todos los implicados.
 
Y entonces llega el turno de los gobiernos. La ministra alemana de Agricultura está negociando ya con gobiernos de los Länder, asociaciones y organizaciones no gubernamentales acerca de las aspiraciones con que se diseñarán aquí los programas ecológicos. Y aunque muy probablemente no se vaya a aplicar con amplia coherencia ningún cambio de sistema que supere, en palabras de Luisa Neubauer, la “disociación del pensamiento”, sí cabe esperar que, en el futuro, resulte más fácil y más frecuente que a agricultoras y agricultores les merezca la pena también en lo económico asumir responsabilidad ecológica.