Violencia de género
Femicide/femicidio/feminicidio: ¿estamos hablando de lo mismo?

​En todos los contextos, países y regiones, es relevante hacer visible las múltiples formas de violencias machistas contra las mujeres, incluyendo los casos en que terminan siendo asesinadas. Ello no es un obstáculo para reconocer que los asesinatos de mujeres no ocurren de la misma manera en todos los lugares, ni las respuestas de las autoridades son las mismas. Es importante volver a reconocer esas diferencias, y recordar que los feminicidios continúan en impunidad en diversos lugares, como en México y otros lugares de Latinoamérica.

De Patsilí Toledo Vásquez

Con motivo del 8 de marzo, el Goethe-Institut de Barcelona organizó una conversación sobre femicidio/feminicidio, compartiendo las experiencias de activistas y académicas de México, Chile/España y Alemania. En ella, como en tantas otras conversaciones, se hacen patentes las diferencias de contextos en que los conceptos políticos, como femicidio y feminicidio, se sitúan, y las dificultades de su traducción o importación a otros contextos. 
 
El uso feminista del concepto femicide se remonta a 1976, cuando Diana Russell utilizó la expresión para referirse al asesinato misógino de mujeres cometido por hombres. Sin embargo, el artículo que escribió junto con Jane Caputi, a partir de la Masacre de Montreal de 1989, fue el que hizo que esta noción comenzara un nuevo recorrido, en particular, en Latinoamérica.
 
Feministas latinoamericanas han recogido y desarrollado el concepto femicide desde principios de los 90s, con traducciones que han utilizado tanto la palabra femicidio como feminicidio. En diversos países -como Costa Rica, Honduras, Chile y Argentina- el concepto femicidio ha sido utilizado y enriquecido. Por ejemplo, nociones como ‘femicidio vinculado’ (en Argentina) o ‘castigo femicida’ (en Chile) han sido desarrolladas desde las organizaciones feministas para incluir también los crímenes machistas en que se quita la vida a personas cercanas a la mujer agredida, usualmente sus hijos/as.
 
Sin embargo, una de las contribuciones más relevantes a esta elaboración conceptual y política se encuentra en el desarrollo de la palabra feminicidio, para vincular los crímenes con la responsabilidad del Estado. La antropóloga mexicana Marcela Lagarde utilizó la palabra feminicidio (y no femicidio) para subrayar que no sólo se trataba de crímenes misóginos, sino que, además, permanecían en impunidad. La referencia a la impunidad y, por tanto, a la responsabilidad estatal, constituye un elemento central en la denuncia de los feminicidios, especialmente en México y Centroamérica. Lagarde, y muchas otras activistas, denunciaban el feminicidio como un “crimen de Estado”, y la responsabilidad estatal estaba en el centro de las preocupaciones de los organismos internacionales que se pronunciaban, por ejemplo, sobre los paradigmáticos casos de feminicidios de Ciudad Juárez, en México. También la sentencia del caso Campo Algodonero, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado mexicano precisamente por no cumplir sus obligaciones en la prevención, investigación y sanción de tales crímenes.
 
La elevada coordinación del movimiento feminista latinoamericano -expresada, entre otras, en sus “Encuentros feministas” cada tres años desde la década de 1980 y la existencia de redes feministas latinoamericanas en diversas áreas- se ha manifestado de manera particularmente clara en relación con la violencia. Así, no es casual que las organizaciones feministas hayan creado una red contra la violencia hacia las mujeres a nivel latinoamericano y del Caribe ya en 1990, y que en este continente se haya adoptado el primer tratado internacional específico sobre violencia contra las mujeres (la Convención de Belém do Pará en 1994), más de 15 años antes que un tratado similar haya sido adoptado en Europa. Ya en 2001 se llevó adelante la primera campaña continental “Por la vida de las mujeres: Ni una muerta más”, poniendo el foco en los asesinatos de mujeres y dando lugar a investigaciones y estudios en diversos países.
 
El creciente interés y visibilidad de estos crímenes, entre otros factores, ha llevado a la tipificación del femicidio o feminicidio como un delito específico en casi una veintena de países latinoamericanos. Estas leyes, aunque diversas entre sí, han ‘resituado’ el femicidio/feminicidio ‘simplemente’ como un delito cometido por determinados agresores sobre ciertas víctimas, eliminando cualquier referencia a la responsabilidad o negligencia estatal.
 
Algunos países de Europa, como el Reino Unido y Alemania, utilizan la expresión femicide en el sentido dado por Diana Russell y actualmente compartido por diversas iniciativas a nivel global. Algunos países europeos, como Italia y España, sin embargo, han adoptado el término feminicidio a consecuencia de la visibilidad internacional de los crímenes denunciados en México y otras regiones; así como de la influencia de la teoría y el activismo feminista latinoamericano en diversos países.
 
Con todo, la utilización de la expresión feminicidio en Europa, así como la tipificación de tales delitos en Latinoamérica (como sinónimo de femicidio) han contribuido a debilitar el contenido político de esta expresión. Cuando los casos de feminicidios dejan de ser entendidos como acusaciones al Estado, para ser entendidos como asesinatos de mujeres por razones de género (es decir, como femicide o femicidio), su contenido político específico se pierde. Para los Estados que han sido señalados por la justicia internacional como responsables de la impunidad de los feminicidios, haber tipificado el feminicidio como un “delito común”, permite desplazar el foco de la atención desde la responsabilidad estatal hacia los crímenes específicos.
 
En todos los contextos, países y regiones, es relevante hacer visible las múltiples formas de violencias machistas contra las mujeres, incluyendo los casos en que terminan siendo asesinadas. Ello no es un obstáculo para reconocer que los asesinatos de mujeres no ocurren de la misma manera en todos los lugares, ni las respuestas de las autoridades son las mismas. Es importante volver a reconocer esas diferencias, y recordar que los feminicidios continúan en impunidad en diversos lugares, como en México y otros lugares de Latinoamérica.