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Por matrimonios igualitarios
Legalize it!

La exigencia por el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo se ha posicionado como una de los principales objetivos del movimiento LGBT en el mundo. El camino que ha transitado esta meta es distinto en cada país; México no es la excepción con la dificultad de que por sistema federal bajo el que se integra el cambio debe trabajarse en las 33 leyes vigentes en esta materia.
 
Desde México Igualitario, como la principal organización de litigio en México que ha trabajado el tema, lo hemos abordado no desde la idea romántica del matrimonio sino desde una exigencia de igualdad en la que no es legítimo que el Estado restrinja el acceso a ciertos derechos con base en la orientación sexual de las personas.

Exigencia de respeto a las diferencias

La base del discurso más que el amor, que no lo excluye, es la exigencia de un respeto a las diferencias en donde el marco normativo se concibe como un medio para satisfacer las necesidades de las personas y no como el molde que mide quién merece la protección del Estado.
 
Por eso, desde México Igualitario proponemos cambiar el eje a partir del cuál se evalúa el funcionamiento del Estado; pero, sobre todo, cuál es su papel frente a los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas.
 

En el contexto de México, por todo un proceso histórico y político, por mucho tiempo la exigencia de los derechos humanos se vio ligado a la cercanía con el poder político-partidista. Era imposible concebir algún avance en la agenda de los derechos sin contar con la aprobación de los órganos de poder.

Este panorama se torna más complicado si hablamos de exigencias poco atractivas electoralmente como el matrimonio entre personas del mismo sexo. En México, la primera reforma fue posible en 2009 en la capital del país sólo después de más de tres décadas de reiterado fortalecimiento del movimiento LGBT.
 
Así, las bases y las alianzas políticas hicieron posible un cambio legislativo de primer orden en las américas. Desafortunadamente la Ciudad de México es sólo una parte de un inmenso territorio en donde prevalecen condiciones sociales y políticas distintas que frenan el avance del reconocimiento de los derechos de la población LGBT.
 
Después de la reforma en la Ciudad de México, se extinguió el espíritu progresista y en ninguna otra entidad se propuso una reforma similar porque no se contaba con el capital político ni social para impulsarla.

Crear un nuevo tipo de sentido comunitario

En estas condiciones, este efímero impulso en la capital del país, basado en un trabajo social y político de décadas no estaba destinado a ser el camino a seguir para posicionar la agenda de los derechos de la población LGBT en México.
 
De esta manera, las diferencias territoriales, sociales y políticas obligaron a los movimientos locales a diseñar nuevas estrategias que permitieran el avance del reconocimiento de nuestros derechos. Al encontrar cerradas las puertas de los órganos legislativos y ante la falta de voluntad de los gobernadores se volteó la vista hacia los jueces y juezas a cargo de vigilar el respeto a la Constitución.
 
Es así como México Igualitario, como un proyecto basado en el diseño de estrategias jurídicas, irrumpió en 2012 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el litigio de tres casos, que se convertirían en los precedentes judiciales que irrumpirían en el escenario judicial a partir del cuál se generaría una nueva forma de construir ciudadanía partiendo de visualizarnos de forma distinta como población LGBT frente a un poder público que reiteradamente niega el reconocimiento de uno de los derechos civiles más básicos como lo es el acceso al matrimonio.

La posibilidad de desafiar a las mayorías políticas en los órganos legislativos, si bien no era una novedad, la persistencia con la que se realizó por parte de las parejas del mismo sexo la convirtió en una forma de resistencia colectiva que sin proponérselo ha impulsado la transformación de la forma en que la población LGBT ha ido cambiando la idea prevaleciente de sí misma como un grupo menos merecedor del reconocimiento de sus derechos.

La consecuencia no sólo es un cambio al interior del movimiento sino también hacia el exterior en nuestra relación con la sociedad y el Estado.

La estrategia de litigio nos demostró a un sector de la población un camino que, tal vez de forma involuntaria, sembraría una conciencia colectiva sobre la posibilidad de defenderse frente a lo que de manera histórica se ha constituido como una continua forma de exclusión y discriminación.
 
A través de los juicios que una y otra vez han enfrentado diversos Estados en México, la población LGBT ha ido reivindicando de forma colectiva esa fuerza que por años el sistema político y social le erosionó hasta el punto de aislarlo hasta una trinchera en la que no hacíamos más que resistir.

La demanda por la igualdad de derechos se hace más fuerte

Los litigios continuos han permitido que otras instituciones fuera de la inercia de las mayorías parlamentarias hagan suyo el reclamo de igualdad. En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio importante en la materia: „MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL.“

En el mismo año también se pronunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendando a todos los órganos legislativos la modificación de estas leyes discriminatorias.

Todo este impulso se ha visto reforzado a partir de la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
Lo anterior permitió el fortalecimiento de los movimientos en los Estados de tal manera que con el apoyo de estos criterios se han impulsado cambios legislativos que de haberse confiado sólo en los partidos políticos, hubiera sido más difícil obtenerlos. De 2014 a la fecha se han reformado 11 de las las 32 leyes civiles locales y la Suprema Corte ha intervenido en 5 para invalidar esas leyes discriminatorias que limitan el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo. 

Por un mundo menos violento

Como se puede apreciar, falta camino por recorrer, pero a partir de este cambio de dinámica entre la población LGBT y las instituciones que históricamente nos habían discriminado, pasamos de resistir a organizarnos para construir un mundo menos violento y con menos discriminación hacia quienes asumimos una orientación sexual o identidad de género diferente y para que ello no sea motivo para que se nos considere menos persona.
 
Desde México Igualitario no pensamos que cambiando la ley se modifica automáticamente el estado de cosas; sin embargo, cuando nos organizamos para resistir de una forma distinta podemos desafiar los prejuicios y construir una nueva historia.
 
Por esto, la demanda de la legalización no sólo trata de mostrar la imagen de familias felices, sino de seguir construyendo una voz bajo una resistencia activa que permita que las nuevas generaciones vivan en un mundo más igualitario.
 

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