Ley de Servicios Digitales
Ponerle límites al monstruo de datos

Unos pocos consorcios internacionales de gran tamaño determinan cada vez más qué contenidos encontramos en Internet, qué resultados de música, videos o posteos de redes sociales se nos muestran primero. Así influyen no sólo en nuestro comportamiento como consumidores sino también en el modo en que construimos nuestras opiniones políticas. La Ley de Servicios Digitales de la UE tiene como objetivo generar más transparencia.

Buscar una información rápidamente en Google, enviar un mensaje por WhatsApp, comprar un par de zapatos en Amazon, mirar un video en YouTube o desplazarse por el feed de Instagram: la mayoría de las cosas que hacemos en Internet nos conectan automáticamente con determinadas aplicaciones o páginas web.

Nuestro uso de Internet, en efecto, se ha ido concentrando los últimos años: gran parte de nuestras actividades online se encuentra en plataformas de Google, Facebook y Amazon, a las que pertenecen, entre otros, WhatsApp, YouTube e Instagram. Estas firmas, cuyo modelo de negocios consiste en gran medida en la recolección de datos personales, han obtenido a través de los años casi una posición monopólica. El gran impacto de sus plataformas en Internet dificulta el acceso al mercado a los competidores pequeños; además, no hay casi usuario o usuaria de Internet que pueda prescindir de ellos. Todo esto implica que sus algoritmos determinarán en gran medida qué contenidos percibiremos en Internet, con qué noticias y opiniones nos cruzaremos online y qué productos se nos ofrecerán. De este modo, las empresas que ofrecen plataformas tienen no sólo influencia en nuestro comportamiento como consumidores sino también en el modo en que construimos nuestra opinión política.

Atrapados en la burbuja de filtro

El quid de la cuestión: los legos difícilmente entienden los criterios a partir de los cuales se eligen y se organizan, para nosotros, los contenidos. Qué posteos, por ejemplo de Facebook, Instagram o YouTube aparecen en lugares privilegiados y qué posteos no, depende, por un lado, de si hay contenidos pagados, es decir, posteos que a cambio de un pago, se muestran con mayor frecuencia. Pero además también intervienen algoritmos que deciden qué contenidos son especialmente adecuados o pueden resultar estimulantes para cada usuario o usuaria, y los colocan en los primeros lugares. Nadie puede decir a ciencia cierta con qué lógica trabajan esos algoritmos de recomendación, ya que los códigos fuente son confidenciales.

Ahora bien, esa priorización tiene efectos secundarios que repercuten incluso en nuestra imagen del mundo: por ejemplo, si alguien mira en YouTube los discursos de los parlamentarios del partido populista de derecha Alternative für Deutschland (AfD), rápidamente llegará, recomendaciones mediante, a supuestos expertos y expertas en economía que advierten sobre el inminente colapso del sistema y a veces tienen manifestaciones antisemitas explícitas. Este efecto está comprendido en el concepto de burbuja de filtro: si bien en Internet uno puede, en principio, informarse sobre cualquier opinión, lo que vemos la mayoría de las veces es aquello que ya corresponde a la nuestra. Y como los algoritmos de recomendación encima dan prioridad a contenidos emocionales, los mensajes de odio y las teorías conspirativas encuentran gran difusión en determinados círculos mientras las voces moderadas más bien se acallan. 

Últimamente se han pronunciado muchas críticas a los efectos de los algoritmos de recomendación y al hecho de que sus mecanismos se mantienen en secreto. También se ha criticado que los mensajes de odio y las historias falsas lanzadas intencionalmente, las fake news, obtienen un gran alcance en Internet. Los administradores y administradoras de las plataformas hasta ahora han procedido sólo a regañadientes contra esta situación e invocan la responsabilidad y la racionalidad de usuarios y usuarias. La acción de señalar como engañosos a algunos difusores de noticias falsas poco influyó en el hecho de que los algoritmos llevan de modo constante a los usuarios hasta páginas de odio y de extremismo de derecha.

Un intento por generar más transparencia

Para poder controlar de algún modo esta dinámica peligrosa se necesitan marcos legales. Un intento de la Unión Europea (UE) por establecer regulaciones básicas para estos consorcios es el proyecto de la Ley de Servicios Digitales, de diciembre de 2020, que, sin embargo, todavía debe ser ratificada por el Parlamento Europeo y los estados miembros. Según el proyecto, las grandes plataformas que tengan más de 45 millones de usuarios en el mundo estarán obligadas a revelar sus algoritmos para que sean examinados de modo independiente. Además, se le debe dar a los usuarios la posibilidad de desactivar de modo individual esos algoritmos.
 
De modo parecido al Reglamento General de Protección de Datos, que está vigente en la Unión Europea desde 2018, la Ley de Servicios Digitales podría generar un poco de transparencia. Entre otras cosas, porque también prevé eventualmente castigos importantes: estos se orientarán según la facturación anual de las empresas y en el caso de las grandes plataformas podrían llegar fácilmente a los miles de millones de euros. En el proyecto también se incluyó la obligación de interoperabilidad, lo que podría ayudar a quebrar, al menos un poco, el monopolio de las plataformas: concretamente, esto significaría, por ejemplo, que los servicios de mensajería como WhatsApp deberán posibilitar el intercambio de mensajes con otros servicios. Esto le facilitaría el acceso al mercado a los proveedores más pequeños.

Si es ratificada, la Ley de Servicios Digitales implicará un paso importante en la regulación de los consorcios de Internet. Sin embargo, la ley no cambia nada en la práctica de negocios que es el fundamento de aquellos, pues la recolección, el análisis y el comercio de datos personales seguirán estando permitidos casi de modo ilimitado. También es bienvenida la decisión de que los contenidos ilegales deberán ser removidos con mayor rapidez, pero esto no deja de implicar el riesgo de un sobrebloqueo. Hasta ahora, en caso de duda, Facebook, Google y Cia. no corrieron riesgos y siempre han preferido remover más que menos. El hecho de que ya ahora desaparezcan posteos que no violan ni las condiciones de uso ni el derecho vigente plantea un interrogante que la Ley de Servicios Digitales se anima a tocar sólo tímidamente: ¿cuánto poder sobre nuestra comunicación queremos darles a las grandes plataformas y a sus algoritmos? Se han vuelto un actor poderoso, pero escapan a casi todos los controles públicos. La Ley de Servicios Digitales tiene –si se aprueba en su forma actual– el potencial de corregir algunos excesos que hasta ahora no se han controlado. Sin embargo, en el camino a una regulación de raíz del mundo digital, que clarifique la responsabilidad de los nuevos medios, será sólo un primer paso.